Ante la reciente provocación del gobierno de Nicaragua quien invadió una parte del territorio de Costa Rica que forma parte de una disputa territorial entre ambas naciones, sin que esto califique de justificada o no los derechos de ninguno de los dos países, se ha producido un hecho grave, no por la magnitud del suceso, sino en contra de quien se ejecutó el mismo.
El 21 de octubre pasado comenzaron las provocaciones por parte del Gobierno Nicaragüense, quien probablemente esté usando el expediente de la guerra para exacerbar el nacionalismo en su población con fines de mejorar el apoyo político de un gobierno dudosamente democrático.
No es comprensible que una instancia como la Organización de Estado Americanos (OEA), quien en menos de 24 horas fue capaz de tomar una decisión en contra de la expatriación forsoza del país (Honduras) del presidente Zelaya, que se realizó con el apoyo del Congreso y el Tribunal Supremo de ese país, sin dar margen a que los calificados de golpistas dieran explicaciones y con el agravante de que la resolución excluyó a ese país de su calidad de miembro de dicho organismo, sin que mediare ningún proceso en los términos exigido por las normas internacionales (sanción sumaria, sin procedimiento legal y sin derecho a la defensa). Independientemente de la antijuridicidad del caso hondureño, fue tan apresurada la decisión que no se han atrevido a echar marcha atrás, en gran parte por tratarse de un país pobre y pequeño, tanto que ni siquiera al término del mandato presidencial de Zelaya y realizada una elección popular, que nadie ha podido calificar de fraudulenta, no le permiten reingresar a dicho organismo.
La gravedad de esta conducta perniciosa de dicho organismo consagra una suerte de derecho a usufructuar el poder por parte, en este caso de Presidente Zelaya, cuando su período presidencial se venció. Eso sería equivalente a que un presidente sufriera una discapacidad total NO permanente (cayó en coma por un mes) dándole el derecho a quedarse en el cargo por el tiempo de suspensión de su ejercicio.
Esto demuestra el deplorable estado de dicho organismo, el cual podía tener muchos argumentos para desconocer al gobierno provisional de Roberto Micheletti, pero que no tiene autoridad jurídica para exigir la reinstauración de un presidente una vez vencido su mandato y luego de elegido democráticamente uno nuevo sin que haya existido ninguna denuncia válida que justifique el desconocimiento de la elección del Presidente Lobo.
En estas circunstancias, ese organismo defensor de los Presidentes y no de los países miembros, se tarda desde el 21 de octubre al 12 de noviembre para pedir a ambos países retirar sus tropas de la zona en disputa y que continúen las reuniones y negociaciones que se venían llevando a cabo con la presencia de representantes de dicho organismo. Tampoco se establecen las medidas que tomaría dicho organismo si Nicaragua desatiende la recomendación, que por los usos de esa diplomacia le hacen a ambos países, cuando Costa Rica abolió el ejército el 1° de diciembre de 1948, decisión que fue plasmada en su Constitución de 1949.
Costa Rica es considerada una de las democracias más consolidadas de América y de las más antigüas del mundo y que ha sido factor conciliatorio de procesos de paz en lationaamérica. En estas circunstancias no es comprensible que dicho organismo no haya actuado con mayor celeridad y contundencia. Puede verse como una tontería, pero esto seria equivalente a que una persona totalmente sana le diera una bofetada a una persona cuadrapléjica en una silla de ruedas. La indignación debería ser generalizada.
Pero no fue así, otra vez aplicaron la tesis del país pequeño en insignificante, con el agravante de la vergonzosa actuación de Venezuela (Bolivia tuvo algo de decoro y se abstuvo de votar), quien casi estuvo a punto de declararle la guerra a Colombia cuando realizó la incursión en territorio Ecuatoriano en la lucha en contra del grupo de las FARC liderado por Raúl Reyes y que se declaró dispuesta a enviar tropas a Bolivia o a Nicaragua en caso de una invasión o de golpe de estado.
La Cultura de Paz exige la tolerancia y la aceptación de los otros, en especial de aquellos que tiene visiones distintas y de una actitud decidida en la resolución pacífica de los conflictos; pero cuando una persona, entidad o país viola flagrantemente derechos humanos fundamentales, no podemos ser negligentes en la exigencia y en la acción de que dichos delitos sean perseguidos y juzgados, incluyendo a las personas que con su silencio o su omisión permiten que tales violaciones se materialicen o que sean revestidas de alguna forma de legalidad o legitimidad, aunque éllas no sean las que en las acciones materialicen dichas violaciones.
Nosotros tenemos el reto en Venezuela de buscar reconciliar posiciones con miras a reunificar un país que se ha intentado convertir en una nación de facciones que se excluyen mutuamente. Es correcto y viable que se pueda convivir en una sociedad en que haya personas que piensen distinto, pero si el pensamiento de un lado va dirigido a la destrucción de alguien o la violación de los derechos humanos fundamentales de una persona, u organización, estas actuaciones son inaceptables y no deben ser toleradas. La Cultura de Paz no puede ser ingenua ni aceptar por ejemplo que mi vecino propugne la discriminación de un grupo social por su religión o su pensamiento político, porque sería equivalente a aquellas personas que durante el régimen nazi “toleraban” que a sus vecinos de otra religión fueran expatriados en vagones de tren para ganado (esto en el supuesto de que no conocieran “la solución final”, pero aún así, no podían desconocer la leyes de pureza de raza).
Desmon Tutu, señala en su libro “Dios Tiene un Sueño”, el proceso que llevó a Suráfrica de pasar del Apartheit a un régimen democrático en el que se eliminaron las discriminaciones que habían sido establecidas “legalmente” y que en aras de sanar y reconstruir una nación, se buscó la reconciliación de las partes en conflicto, pero en ese proceso en el cual se pidió a muchas víctimas y a sus parientes, quienes sufrieron persecución, prisión, tortura y muerte, lograr esa reconciliación a través del perdón; pero esto solo fue posible cuando los culpables de estos delitos de lesa humanidad, en algunos casos, reconocieron públicamente los mismos en busca de perdón. La reconciliación de esa sociedad solo se logró a través del perdón pedido y otorgado. De otra forma, solo la justicia puede sanar las heridas infringidas. No podemos ser felices "tolerando" la desgracia de otros.
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