En la entrada anterior expliqué
en qué consiste un análisis político desde la perspectiva de la Gestión
Ontológica y procedí a evaluar la del sector oficialista.
En relación con el análisis
señalado, uno de los lectores me hizo reflexionar sobre varios hechos que
resultan importantes para el éxito en la
gestión de la acción por parte del sector oficialista y son los que narro a
continuación.
Cuando en el año de 2003, luego
de una cantidad de acontecimientos que en este escrito no corresponde relatar,
el sector que hoy se reúne en la Unidad Democrática logra organizarse para
activar el referéndum revocatorio del Presidente de la República, el que se
efectuaría al año siguiente. En esos tiempos, la popularidad del Presidente,
según algunas encuestas, estaba entre un 30 y un 35 por ciento y con un
porcentaje de desaprobación muy alto. Conforme con las normas vigentes, luego
de presentadas la solicitud de la consulta popular y las firmas el Consejo
Nacional Electoral, éste estaba en la obligación de convocar la consulta referendaria en un lapso no mayor de 30 días continuos.
En vista del control político ejercido desde Miraflores
sobre el máximo organismo electoral, logran retrasar por un período lo suficientemente largo, con
argumentaciones legales y otras no tanto, el proceso de convocatoria, para dar
al Ejecutivo la oportunidad de revertir la tendencia de la opinión pública.
Simultáneamente con los primeros
acontecimientos relatados, el Presidente, luego de una visita a La Habana, vino
con la idea de implementar planes masivos sociales a través de lo que dieron en
llamar Misiones, que comenzaron con la Misión Barrio Adentro (atención médica
primaria en los barrios populares con el apoyo de un ejército de “médicos” cubanos
(con solo tres años de formación académica y que no podía revalidar su títulos
en Venezuela, por esta razón), la Misión Mercal (provisión de comida subsidiada
mediante una red de mercaditos en barrios populares), la Misión Robinson
(destinada a acabar con el analfabetismo) y otras más que, según los entendidos,
requirieron de un gasto gubernamental de alrededor de 5.000 millones de dólares. Muchas de esta misiones no se limitaban a
prestar una servicio público como los señalados, sino que implicaban la entrega
directa de un subsidio en dinero (becas) a las personas que se registraban en
ellas.
Finalmente, para la fecha en que
se convocó finalmente la consulta electoral, se estimó que alrededor del 30 por
ciento de la población, en especial, la perteneciente a las clase sociales D y
E se beneficiaba directamente de por lo
menos una de las misiones.
El resultado no se hizo esperar,
con una votación por el NO, de alrededor del 60%.
Evidentemente, el oficialismo
había creado un sistema estructurado, desordenado, e inauditable, pero muy
efectivo para asegurar voluntades a su favor mediante un sistema de subsidio
directo a la población. A esto sumamos que gran parte del presupuesto, de los
bienes y el recurso humano de PDVSA y de otros organismos públicos se
destinaron, a partir de ese momento, para estas misiones y cualquier otro gasto
que requiriera la maquinaria electoral del partido oficialista, para
todos los procesos electorales.
Éste es el elemento central de la
Gestión de la Acción del oficialismo: una bien engrasada maquinaria electoral.
Que la gestión pública de los
organismos y de las mismas misiones sea pésima, no es el objetivo central de los mismos; ellos están para garantizar la
permanencia en el poder y a su vez lograr una gestión de la posibilidad muy buena,
porque mantiene la esperanza, incluso en aquel que no se ha beneficiado de algún
plan social, en que eventualmente se le dará lo que le corresponde. Esto se
corresponde con las consideraciones que hicimos acerca de la supervivencia del
líder fundamental de esta revolución.
También en cuanto a la gestión de
la acción ha sido muy importante la creación de una serie de entidades sociales,
como son los Consejos Comunales, los cuales forman parte del Poder Popular y
pretenden actuar en sustitución de las prefecturas o jefaturas civiles.
Independientemente del objetivo político de debilitar las autoridades locales,
electas popularmente, y neutralizarlas a través de la desviación de fondos de
las regiones a estos grupos sociales, este esquema ha evolucionado, a mi modo
de ver, positivamente, porque al recibir algunos fondos (en realidad cada vez
menos) han podido realizar en su gran mayoría obras menores que resuelven de
forma inmediata necesidades que antes no eran atendidas por las autoridades. En
la realidad, están compuestas por todo tipo de personas, no necesariamente
ligadas con el partido de gobierno y funcionan como un foro de las comunidades que
en la práctica, por sus vinculaciones o gestiones ante organismos del Estado, logra
operativos o acciones puntuales en favor de sus comunidades. Esta instancia de
participación no debiera desaparecer y, si no se radicaliza políticamente,
puede ser un instrumento muy útil de lo que se ha dado en llamar la Contraloría
Social. Éste es otro de los aspectos positivos que han beneficiado
políticamente al oficialismo porque, en los eventos electorales, puede usar
estos entes para conformar a los testigos de mesa de los centros electorales y
para las labores de movilización de los simpatizantes el día de la votación.
El último aspecto resaltante en
la gestión de la acción, se refiere al diseño y difusión de una
narrativa de laboratorio. Como señalamos en la entrada anterior, lograron
cambiar el significado de “socialismo”, que para muchos era equivalente a
comunismo, por la idea de que se refiere a los planes sociales y a la
solidaridad entre las personas. En este sentido, la política comunicacional del
oficialismo está conformada por una camisa de fuerza que sólo permite hablar a
los que están autorizados y, cuando se les autoriza, incluyendo a los que
presiden los Poderes Públicos, distintos a la Presidencia de la República. El
que habla, sin autorización o fuera del guión establecido, es severamente
castigado, aunque lo que haya dicho no contenga ningún error. El exceso de
exposición de algún político o funcionario no está permitido, y también es
severamente castigado porque no se puede opacar la imagen del líder fundamental
de la revolución; tanto es así que, si un organismo o gobernación o alcaldía
oficialista hace alguna campaña publicitaria o de información de obras o
gestión, todo debe girar alrededor del hecho de que todo se hace y todo es
posible gracias a “mi-comandante-presidente”.
En esta misma línea está la
construcción de todo el discurso alrededor de la distinción “pobre”, la de
“exclusión” y los “excluidos” y los antiguos conceptos de lucha de clases,
“solidaridad”, “humanismo”, “justicia social”, etc., que vistió a este movimiento
político como el que dio sentido e importancia, por primera vez, al pueblo (como sinónimo de desposeído) y que todo se hacía en función de ese
pueblo y no en post del verdadero y objetivo primario de perpetuarse en el
poder. El país estaba en mora con estos sectores de la población y llegó quien
recogiera esa bandera, blandiendo una espada vengadora y llena de odio.
También se buscó implantar la
idea de que todo lo anterior era malo, constituía una entrega en favor de los
poderosos y los ricos y más allá, en beneficio de las grandes potencias y esto
como justificación para la promoción de una revolución, patriótica y anti
imperialista.
La forma de convencer fue
mediante reinvención de la historia, apropiarse de Bolívar, de su imagen (el
retrato siempre a su espalda, pero nunca más arriba de él) y de su ideario y esta
apropiación se hace de tal forma que el Líder es el único que cita a Bolívar
(los demás sectores también se lo permitieron), a todo en el país se le añade el
calificativo de bolivariano, luego es el único que lo interpreta y lo
redescubre “socialista”, es decir, crea una equivalencia entre su revolución y
la revolución libertadora de Bolívar, con lo cual se pretende que ser bolivariano es lo mismo que ser
oficialista, hasta que finalmente, pasando por una etapa de sumo sacerdote, se
convierte en su reencarnación (para prueba el nuevo retrato computarizado, en el que Bolívar no se parece a si mismo). Para reforzar esto cambia todos los símbolos
patrios, sube nuevos héroes a los altares (a los delincuentes de Zamora y
Guzmán Blanco), destrona a otros (Páez, sin el cual no se hubiera logrado la
independencia de Venezuela) y hasta manipula a Jesucristo y lo declara su
aliado, convirtiéndose no solo en una suerte de semidiós, sino en el mismo redentor que
logró resucitar de la sentencia de muerte por el cáncer.
También la política
comunicacional excluye toda posibilidad de diálogo o de “dialéctica”. Ante
cualquier argumento contrario a la narrativa oficial, la respuesta es poner una
etiqueta al interlocutor o mensajero (argumentum
ad hominem), un juicio descalificador o un insulto. Esta etiqueta se repite
en coro permanentemente, de manera que a partir de ese momento la persona es
referida no por su nombre sino por su etiqueta. Esto se acompaña con burlas,
irrespeto y agresiones que en muchos casos llegan a ser
físicas.
Esta política ha sido tan
efectiva como nociva, porque incluso los factores adversos al oficialismo
terminan repitiendo los calificativos y utilizan la misma narrativa impuesta
desde el gobierno.
Dentro de esta política comunicacional,
que ha permitido la inoculación permanente del lenguaje, las exageraciones, las
mentiras (me refiero a las estadísticas de gestión, cifras oficiales, etc., que
por ejemplo consideran a una persona como empleada a quien trabaja medio día a
la semana o que reciba un subsidio del Estado y no considera desempleado a quien
no tiene empleo pero que manifiesta no tiene interés en trabajar) y sus
argumentaciones. Ha sido determinante el encadenamiento abusivo de los medios
de comunicación y el uso del programa Aló Presidente, que ha decidido el
contenido de la agenda política del país correspondiente a la semana siguiente a
su transmisión; es decir, todos los sectores políticos (Tirios y Troyanos) han seguido por mucho
tiempo el guión escrito en Miraflores.
También este esquema sirve para
que, en caso de que sectores adversos al oficialismo pongan de manifiesto un
escándalo de corrupción o de mala
gestión, el mismo sea metabolizado con tal rapidez que a lo pocos días ya nadie
comenta lo que pasó. Últimamente, cuando se presentaba un caso grave, de
inmediato salía una noticia de un tratamiento o de algo referido a la salud del
Presidente, para que hasta el centenar de contenedores de alimentos podridos en Puerto Cabello,
desapareciera de la prensa y demás medios de comunicación.
Esto sólo puede entenderse desde
un perspectiva psicótica, porque un gobierno que con los recursos que ha
manejado éste y con la capacidad organizativa y comunicacional que ha
demostrado, si se hubiera dedicado a resolver los problemas de la gente, ningún
sector adverso tendría el más mínimo chance de acceder nuevamente al poder. Sólo
una ambición de poder enferma y deformada por una fe ciega en una ideología,
que al igual que otras ha demostrado con demasiadas evidencias su fracaso,
liderada por una mente amoral (muy distinto que inmoral, porque el inmoral sabe
que está obrando mal), lo puede explicar.
Espero que mis críticos lectores
hayan quedado algo satisfechos con la ampliación del tema de la Gestión Ontológica del Oficialismo, y así podamos continuar con el análisis de los
demás factores políticos del país.
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